La agricultura y la ganadería, la tala ilegal, y sobre todo el negocio de la tierra, amenazan con arrasar el último reducto del bosque tropical
La que podría ser la principal joya de Nicaragua comienza a perder su brillo. Se trata de la Reserva de Biosfera de Bosawás, el bosque tropical más grande del país, pulmón de Centroamérica y Patrimonio de la Humanidad, según Declaración de la Unesco, de 1998.
Un informe publicado por la Agencia Alemana para el Desarrollo Sostenible, GIZ, y por la UNAG, revela que Bosawás ha perdido, desde 1987 hasta 2010, más de 564,000 hectáreas de bosque, con un promedio de pérdida de más de 42,000 hectáreas anuales desde 2005.
La agricultura y ganadería, la tala ilegal, el negocio de la tierra y el olvido gubernamental amenazan convertir a Bosawás en un desierto.
La Reserva tiene una extensión total de 20,000 kilómetros cuadrados, casi del tamaño de El Salvador y más del doble de la dimensión del Gran Lago de Nicaragua. Representa el 14% del territorio nacional.
El informe de la GIZ-UNAG, analiza las causas de la deforestación y el avance de la frontera agrícola en las zonas de amortiguamiento y zona núcleo de Bosawás.
El estudio coordinado por el investigador Marcial López, demuestra exhaustivamente cómo el bosque ha perdido terreno en Bosawás, pasando de más de un millón 604,000 hectáreas en 1987 a un millón 039 mil en 2010.
Solo en el quinquenio 2005-2010, Bosawás perdió más de 42,000 hectáreas de bosque anual. En cuanto al bosque virgen de la Reserva, éste pasó de un millón 170 mil hectáreas en 1987, a 832,237 en 2010. Es decir, que a esa fecha se había perdido un total de 3,379 kilómetros cuadrados de bosque virgen, más de tres veces el tamaño del Lago de Managua.
Las principales causas de la pérdida de bosque en Bosawás son el avance de la frontera agrícola, el aumento de la actividad ganadera, la especulación con el uso de las tierras en la zona, la tala y el comercio ilegal de madera, pero también las concesiones legales que se entregan bajo oscuros acuerdos.
Sin embargo, el estudio advierte que la especulación con las tierras de la región puede ser una amenaza más grande para Bosawás, que la ganadería o la extensión de cultivos de granos básicos.
“La ganadería no es ni la mayor, ni la única amenaza que presiona el cambio de uso del suelo en este territorio”, se advierte en el estudio.
“Es más amenazante la ocupación y el tráfico ilegal de propiedades, la tendencia rentista de la tierra que propicia la ampliación de áreas para alquilar, recibir ganado de terceros, sembrar granos básicos, vender y avanzar descremando los remates y otras formas especulativas y extractivas de los recursos”, se lee en el informe.
Una red que destroza el bosque
Hay ocho municipios que forman parte del perímetro de Bosawás. Entre los municipios más importante de la zona están los del Triángulo Minero, conformado por Siuna, Rosita y Bonanza. En esa región se estima que en ese territorio hay unos 10,000 finqueros, según el Censo Agropecuario Nacional de 2001, dedicados a la crianza de más de 100,000 cabezas de ganado.
Sin embargo, el autor de la investigación, Marcial López, aseguró en entrevista con Confidencial que el subregistro en la región es tal, que por ejemplo en Siuna se habla de más de siete mil fincas, pero las autoridades solo tienen registradas 86.
Esa falta de información es el principal problema que afrontan las autoridades locales para enfrentar el deterioro del bosque de Bosawás.
Con la falta de información comienza toda una intrincada red, que incluye a acopiadores y madereros poderosos de Managua, Estelí, Masaya y León, ganaderos y agricultores que no tienen interés en conservar los árboles porque no le generan mayores ganancias, mientras que la venta de la madera sí; intermediarios, autoridades y funcionarios locales, y pequeños extractores que, basados en permisos legales emitidos por las instituciones de Gobierno, extraen madera de forma ilegal que sale por puntos ciegos o camuflada entre verduras y granos.
“El 40% de la madera que circula en el país es ilegal”, asegura López. “Esa tala ilegal es el resultado de una actividad en la que participan muchos actores, aunque muchas veces el extracto se hace con permisos de Inafor, que usan para camuflar la madera ilegal”, explica López, experto en desarrollo rural. “Hay una red inmensa de inversionistas privados, importadores, informantes”, agrega.
Y siempre hay dinero. El hambre por materias primas en las grandes economías hace que los precios de la madera sean lo suficientemente atractivos para mantener un negocio ilegal a flote.
López no usa el término mafias para designar a quienes se lucran del negocio, prefiere llamarlos “red articulada maderera”. Y señala a inversionistas chinos entre los principales grupos dispuestos a ofrecer el dinero que mantiene aceitada la maquinaria que destruye a Bosawás.
En la rebusca y sin control
El problema de la pobreza también juega contra el bosque. López explica que en esas regiones del país la gente “anda en la rebusca”, ganarse la vida con lo que salga, y la tala es una excusa para ganar algo de dinero. O también la toma de tierras.
El autor del estudio cuenta que una de las zonas indígenas cercanas a Bosawás, en 2007, más de 220 familias habían colonizado una espacio de tierra, y para el periodo 2010-2011, el 80% de esas familias ya no estaban en la zona colonizada.
“El tráfico ilegal de propiedades es uno de los mayores problemas”, asegura López. “Toda la actividad de compra-venta de la zona es ilegal”, agrega.
Juega a su favor la falta de control de las autoridades. Nadie se hace cargo del problema: las autoridades locales porque no cuentan con los recursos ni la información suficiente, ni el Gobierno porque prácticamente ha abandonado esa vasta zona del país.
El estudio muestra que en Bonanza, por ejemplo, no hay presencia del Inafor ni del Magfor; tampoco hay procurador ambiental, ni Intendencia de la Propiedad. “La representación del Gobierno regional es débil, sus instituciones no tienen mayor presencia, ni beligerancia; la Procuraduría Ambiental tiene su sede en Siuna, pero no tiene incidencia en Bonanza, donde ni siquiera llegan, porque no tienen medios ni recursos para trasladarse”, especifica la investigación.
López asegura que en la zona “nadie regula ni controla” y que esa desidia de las autoridades es aprovechada “por quienes tienen la plata para hacer el negocio”, en contraste con los humillantes recursos que se asignan a la protección del bosque. Recursos que contrastan, además, con la riqueza que produce la zona, que según López entre extracción de madera, agricultura y ganadería suma unos US$140 millones anuales.
Según la investigación GIZ, se estima que en la región hay unos dos mil tumbadores de madera preciosa, que trabajan tanto de forma legal como ilegal, cuyo peso económico se calcula entre US$10 y US$20 millones por año. Luego se desarrolla una larga cadena comercialización y producción, que incluye alistadores, rastreadores, transportistas, finqueros, negociantes y que termina en los compradores, que adquieren la madera en la zonas o en el extranjero.
Estos últimos representan un fuerte peso económico de US$118 millones, según datos del Banco Central de Nicaragua, BCN, lo que representa el 2.5% del PIB. Toda una efervescente actividad que está matando a Bosawás: la tala forestal se calcula en 70,000 hectáreas en el país, de las que 42,000 corresponden a los bosques de ese Patrimonio de la Humanidad. Una joya que pierde esplendor a vista y paciencia del país que la contiene.
¿Cómo salvar Bosawás?
Algunas recomendaciones.
El estudio de GIZ hace unas recomendaciones a las autoridades nacionales para frenar la devastación del bosque de la Reserva de Bosawás. Entre las principales recomendaciones está la de crear una estrategia territorial que inicie con una “construcción de diálogo” entre todos los actores de la cadena, pero principalmente forjado por el Gobierno Central.
Otra recomendación es la descentralización de facultades hacia los territorios, entregándoles recursos presupuestarios, materiales y humanos para que las instituciones puedan trabajar eficientemente en estas zonas.
Establecer un sólido sistema de información territorial catastral, registro de propiedades y manejo de información socioeconómica que agilice la ejecución de un Plan de saneamiento, regularización y registro público de tenencia de la tierra.
Prevenir el oleaje migratorio, además de desarrollar medidas de vigilancia aérea y terrestre para sacar a los invasores de la Reserva.
Apertura de puntos de control y penalización del abuso de las leyes forestales.
www.confidencial.com.ni
Fuente:
http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/263157
